Nuevo reglamento de vivienda social: ¿qué cambios plantea para beneficiarios e inmobiliarias?

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso en consulta pública el proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social. La propuesta busca establecer nuevas condiciones para los programas habitacionales, definir obligaciones para los beneficiarios y fijar reglas más claras para los promotores inmobiliarios.

Uno de los puntos más relevantes es que las personas que accedan a una vivienda mediante subsidios habitacionales del Estado deberán destinarla a vivienda propia durante los primeros cinco años. Durante ese periodo, no podrán venderla, transferirla ni alquilarla, con el objetivo de evitar que este beneficio sea utilizado con fines especulativos. La medida busca asegurar que las viviendas subsidiadas cumplan su finalidad principal: ayudar a familias que realmente necesitan acceder a una vivienda digna, adecuada y segura.

De aprobarse la propuesta, estas condiciones deberán figurar en la partida registral del inmueble. Además, el plazo de cinco años se contará desde la inscripción de la compraventa en Sunarp, lo que permitiría un mayor seguimiento sobre el uso de estas viviendas.

Más control para beneficiarios y promotores

El proyecto también plantea consecuencias para quienes incumplan estas restricciones. En caso de que una persona venda o alquile la vivienda antes del plazo establecido, podría perder su condición de beneficiario y la posibilidad de acceder nuevamente a apoyos habitacionales del Estado. Asimismo, si la vivienda fue adquirida con un subsidio directo, el beneficiario tendría que devolver el monto recibido junto con los intereses correspondientes.

Otro cambio importante es la implementación del Registro Nacional de Vivienda, conocido como Renavi. Esta herramienta permitiría reunir información sobre proyectos de vivienda social, unidades comercializadas, modificaciones realizadas y subsidios otorgados. También facilitaría el intercambio de información con Sunarp para generar alertas sobre posibles transferencias durante el periodo de restricción.

En el caso de los promotores inmobiliarios, se establecen nuevas condiciones para los proyectos que utilicen parámetros especiales de vivienda de interés social. Si un desarrollo combina vivienda social y vivienda convencional, deberá cumplir determinados porcentajes mínimos de área útil vendible destinada a vivienda de interés social.

Además, los planos, licencias y contratos deberán identificar claramente que se trata de un proyecto de vivienda social. Los contratos de compraventa también deberán precisar el programa habitacional, el tipo de subsidio utilizado y el precio total de venta.

La propuesta clasifica las infracciones de los promotores inmobiliarios en leves, graves y muy graves. Entre las conductas sancionables se encuentran no registrar proyectos o unidades en el Renavi, omitir cláusulas obligatorias en los contratos, vender por encima de los valores máximos establecidos o comercializar unidades que no cumplan con las condiciones técnicas.

Una oportunidad para ordenar el mercado

Para el sector inmobiliario, este nuevo marco podría representar una oportunidad para ordenar mejor el desarrollo de proyectos de vivienda social. Una regulación más clara puede fortalecer la confianza de compradores, promotores, inversionistas y entidades vinculadas al financiamiento habitacional. El proyecto de reglamento apunta a que la vivienda social cumpla su verdadero propósito: facilitar el acceso a un hogar propio para quienes más lo necesitan. En un país con una alta demanda habitacional, asegurar el buen uso de los subsidios es clave para que estos programas tengan mayor impacto.